Pronunciamiento: Exigen el Fin de la Violencia estatal chilena y el respeto pleno a los Derechos Humanos de los Pueblos

Cerca de cien representaciones, en su mayoría de organizaciones de Pueblos originarios de Chile, varias tradicionales, como asimismo, de organizaciones sociales-ciudadanas, de Derechos Humanos, académicas y socio ambientales chilenas, se pronunciaron ante los Poderes del estado y exigen el respeto de los Derechos Humanos Colectivos; El cumplimiento e implementación pleno y de buena fe de las Normas Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169; La bajada del bloque de iniciativas legislativas inconsultas y atentatorias que intenta imponer Viera Gallo; El fin a la imposición de nefastos proyectos industriales que obedecen a un modelo aberrante; Y el fin a la violencia estatal en territorio Mapuche. “Nosotras y Nosotros, personas, miembros de comunidades y organizaciones de los pueblos Mapuche, Lickan Antay, Aymara, Diaguita y chileno”… “Hacemos llegar esta carta a la Presidencia de la República de Chile, al Senado y la Cámara de Diputados, a la Corte Suprema y a los diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos”…A continuación la declaración pública.

DECLARACIÓN PÚBLICA Santiago de Chile, 06 de octubre de 2009 Nosotras y Nosotros, personas, miembros de comunidades y organizaciones de los pueblos Mapuche, Lickan Antay, Aymara, Diaguita y chileno, que habitamos los territorios del sur de América, que nos hemos reunido en Santiago de Chile en el Seminario 'Desafíos de la Implementación en Chile del Convenio 169 OIT' queremos expresar a nuestras sociedades, a la sociedad y Estado chileno y a la comunidad internacional nuestra preocupación respecto a diferentes situaciones que atentan contra nuestros derechos humanos, territoriales y de autodeterminación contemplados en textos internacionales que debe cumplir obligatoriamente el Estado de Chile, así como en el derecho propio de nuestros pueblos. Queremos expresar también todo nuestro apoyo y solidaridad a la justa lucha de diferentes comunidades que realizan procesos de recuperación de tierras y territorios y están rechazando la instalación de Megaproyectos industriales de empresas nacionales, multinacionales y estatales. De igual forma exigimos el retiro inmediato de la policía militarizada desde las comunidades ocupadas por estas fuerzas especiales de carabineros y exigimos al gobierno chileno una revisión inmediata de las acciones que realiza un pequeño pero poderoso grupo de empresarios vinculados a sectores políticos y medios de comunicación que están operando para atentar contra la protesta social mapuche y de otros pueblos indígenas. Exigimos justicia por los reprimidos y asesinados por los agentes del estado chileno en el marco de legítimas reclamaciones y protestas sociales por tierras ancestrales, entre otros, Matías Catrileo, Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío, y el fin a la institucionalidad fáctica como la competencia militar en estos casos y que el estado chileno está obligado a modificar tal como le exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El estado Chileno, particularmente el Gobierno, cuenta con mecanismos y procedimientos para resolver conflictos y que contemplados por Normas Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre los Pueblos Indígenas. Asimismo, se hace urgente que el estado chileno asuma la reparación histórica de Tierras ancestrales que dichas normas contemplan y que diversos órganos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de eliminación de la discriminación racial y el Relator Sobre Pueblos Indígenas de la ONU, han conminado para demarcar y titular a la brevedad. Nuestra solidaridad además es para todos nuestros hermanos y hermanas presas políticas que están injustamente siendo procesados por la justicia civil y militar. Rechazamos rotundamente la aplicación de la Ley Antiterrorista, la cual es una de las dañinas aristas de la dictadura militar que aún está incrustada en la sociedad e institucionalidad chilena. A la vez, exigimos el término inmediato de los juicios que el Estado chileno lleva contra Mapuches a través de la Justicia Militar. Respecto a los proyectos de Ley incorporados por el ejecutivo con suma urgencia en el Parlamento chileno, entre otros, sobre un Ministerio Indígena, Consejo de Pueblos Indígenas; y la Reglamentación que se quiere hacer a la consulta por parte del Gobierno y empresarios, exigimos que inmediatamente se sometan a consulta de nuestros pueblos indígenas, como corresponde, con buena fe, tal como lo exige el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Del mismo modo, exigimos que la discusión que se desarrolla en la Cámara de Diputados y en el Senado chileno como son las modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley de Derechos de Obtentores Vegetales que en definitiva privatizan el mar y las semillas, contemplen la consulta, participación efectiva y consentimiento libre, previo e informado de nuestros Pueblos. Pero también exigimos inmediata consulta en otras discusiones legales en todas las áreas de recursos naturales, medio ambiente, radiodifusión, televisión digital, energía, minería y turismo, entre otros temas. Nuestas comunidades y organizaciones a la vez rechazamos la imposición de megaproyectos industriales en el territorio actual y ancestral de nuestros pueblos. En este sentido y en forma urgente exigimos que se tomen en cuenta los argumentos de las comunidades y el rechazo respecto a: * La Construcción de megacentrales de generación eléctrica tanto de origen hídrico como geotérmico, * La construcción de megacarreteras en nuestras tierras * La instalación y actual funcionamiento de vertederos y plantas de aguas servidas * La imposición de barrios salmoneros, la privatización del mar y la expansión de esta industria insustentable en lo ambiental, inequitativa en lo social e irrespetuosa en lo cultural * La instalación de proyectos mineros en diferentes lugares que están atentando contra los pueblos Diaguitas, Lican Antay, Aymara y Mapuche. * La expansión y certificación de la Industria Forestal y la imposición de nefastos proyectos de Celulosa. * Y los anuncios de modificación constitucional sobra la propiedad de las aguas que consagra el actual sistema de privatización de este vital elemento. Hacemos llegar esta carta a la Presidencia de la República de Chile, al Senado y la Cámara de Diputados, a la Corte Suprema y a los diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos.

Suscriben, Longko Augusto Nahuelpán Longko José Panguilef Gabriela Calfucoy José Antonio Mamani Gustavo Quilaqueo Francisco Vera Millaquén Eliab Viguera Claudia Villagrán Lucio Cuenca Patricio Igor Melillanca Sergio Millamán Daniel Ñancuvil Marcelino Jaramillo Sergio Paillao Victorio Saez Cecilia Sandoval Alejandro Vivanco Segundo Huentecura Jon Quirilao Jorge Hueque Natalia Marchant José Araya Felix Tranamil Blas Pantel Matías Meza Christian Collipal Hugo Vera Lorena Muñoz José Gonzo Lorena Muñoz Roger Mendoza Wilma Reyes Huenupe Guillermo Salamanca Ramón Nuñez Verónica Pérez Mariana Egnesu Jorge Abello Marcelino Avila Fernando Ortiz Paola Curihual Maria Teresa Rivera Germán Andrade David Nuñez Olivia Pinto Natalie Campos Sandra Pastén Edgardo Mendoza Juan Carlos Meliñir Camila Maldonado Elizabeth Pilquil Eva Barriga Christian Ruggieri Juan Carlos Chávez Pilquil Efraín Cheuquefilo Juana Jaramillo Patricia Panguilef Julia Santibañeza Llantel Olga Chellew María Luisa Díaz Cecilia Carrasco María Lorena Huircán Arturo Coña Pirul Alfredo Seguel Susan Herrera Quispe Marco Jimenez Ronny Leiva Rodrigo Huaiquilao Huincaman Paulina Acevedo Jorge Araya Sergio Campusano Hernando Silva Patricia Viera Juan Oyarzo Andrea Sepúlveda Pamela Baeza Eusebio Reumay Lautaro Coña Alan Marchant Mamani Claudia Pailalef Morelia Cancino Luis Castillo Carlos Pilquil Eduardo Palma Benito Jaramillo Mónica Pilquil Esteban Ancatripay Roberto Salinas Pedro Campos Carlos Ruiz Rodriguez Mercedes Montalva Carola Pinchulef Javier Karmy